Instituciones y promoción del cine

La década de los 90 en España estuvo marcada por un creciente interés en la industria cinematográfica por parte de las instituciones y administraciones públicas. Por aquel entonces, Hollywood acaparaba la mayor parte de la demanda audiovisual y la Comisión Europea estimaba que para 1995 sus empresas solo podrían cubrir un 25% de la demanda de su mercado. De esta forma, nada más comenzar la década, surge en nuestro país el primer Plan Nacional de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual con el objetivo de satisfacer el incremento de la demanda de este producto. 

Ante la deriva creciente que estaba tomando el cine en Canarias durante la década anterior, era de esperar que en las Islas también se impulsaran medidas -especialmente, de tipo económicas- para fomentar una industria cinematográfica insular. Sin embargo, el Ejecutivo regional siguió sin mostrar un interés real y aún concebía el cine como un medio de promoción turístico más que como un medio de difusión cultural. Probablemente este hecho fuese uno de los motivos por el cual se produjo el primer descalabro del cine realizado en Canarias.

Océano (1989) y Ciudadano Max (c.1990) fueron dos proyectos de series de televisión basados en novelas del escritor santacrucero Alberto Vázquez-Figueroa que tenían por objetivo rodarse en el Archipiélago. Ambos fueron objeto de atención por parte de la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias y recibieron una cuantiosa subvención (más de 400 millones de pesetas). Por desgracia, estos proyectos resultaron un fracaso y crearon un gran malestar entre los cineastas isleños, quienes veían con impotencia cómo se malgastaban recursos en cuestiones que no darían salida a sus producciones. Por ejemplo, el segundo largometraje de Teodoro y Santiago Ríos, llamado San Antonio de Texas, quedaría pospuesto indefinidamente ante la falta de ayudas públicas. 

En 1992, ese malestar desembocaría en la redacción del Manifiesto de la Plataforma Audiovisual Canaria por parte de diversos realizadores, intérpretes y personalidades ligadas de alguna manera al mundo del cine. Además, al documento se adscribieron las recién creadas ACEC (Asociación Canaria de Escritores Cinematográficos, 1990) y AEPAC (Asociación de Empresas de Producción Audiovisual de Canarias, 1992).

El Manifiesto fue presentado ante el Gobierno regional y en sus siete puntos se exigían medidas como la fijación de un fondo presupuestario para la filmación de obras audiovisuales, la creación de una Dirección General del Audiovisual que garantizara la continuidad de la actividad cinematográfica, la protección y mantenimiento de la Filmoteca Canaria o la difusión de la cultura audiovisual a través de la enseñanza y la investigación. Las exigencias de los distintos colectivos serían finalmente tratadas en las Jornadas Audiovisuales celebradas durante el XI Festival Internacional de Cine Ecológico y de la Naturaleza de Canarias (Puerto de la Cruz, noviembre de 1992).

La Consejería de Turismo tomó nota. En primer lugar, a través de SATURNO (Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, la Naturaleza y el Ocio) impulsó la creación de la primera film commission o comisión cinematográfica de España, la Canarias Film Commission. Esta tenía como cometido posicionar a las Islas Canarias en las producciones internacionales, dando toda la información necesaria sobre las ventajas fiscales, las localizaciones y los rodajes. Actualmente, sigue vigente bajo el nombre de Canary Islands Film Commission. 

El siguiente paso sería aún más impresionante. Tras desviar más de 1.600 millones de pesetas del fondo destinado a la creación de la televisión autonómica, el consejero de Turismo Miguel Zerolo, anunció la Orden por la que se convocan subvenciones para fomentar la industria audiovisual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (4 de noviembre de 1994). Sin embargo, la falta de claridad en los requisitos recogidos en la Orden y el poco control que se tuvo a la hora de asignar cada partida presupuestaria a cineastas, productoras y/o películas causaron nuevas quejas y divisiones en el sector audiovisual.

Aun así, no todo el dinero fue mal invertido, ya que con esta Orden se sufragaron un buen número de filmaciones canarias que obtuvieron grandes reconocimientos en diversos festivales y certámenes. Entre ellas, podemos citar: Ballet para mujeres (Josep M. Vilageliu, 1995), En algún lugar del viento (Fernando H. Guzmán, 1996), Esposados (Juan Carlos Fresnadillo, 1996), Fotos (Elio Quiroga, 1996), Mambí (Teodoro y Santiago Ríos, 1998), Mararía (Antonio J. Betancor, 1998) o La isla del Infierno (Javier Fernández-Caldas, 1998). 

Dejando de lado las polémicas subvenciones de la Consejería de Turismo, hay que destacar que otros organismos públicos apostaron también por las realizaciones isleñas. Entre ellos estaba SOCAEM (Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la Música, actualmente, Canarias Cultura en Red), una empresa pública dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que subvencionó películas como Frágil (Javier Fernández-Caldas, 1994), Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (Dunia Ayaso y Félix Sabroso, 1997) o La raya (Andrés M. Koppel, 1997).